Por Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores.
En relación con la advertencia realizada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto de que el proyecto de ley misceláneo mantiene riesgos para las finanzas públicas y requeriría nuevas compensaciones para mitigar el impacto de la rebaja del impuesto a las empresas, es importante analizar la propuesta en su conjunto y no únicamente desde una perspectiva de recaudación inmediata.
El eje central de la reforma corresponde a la reducción de la tasa del Impuesto de Primera Categoría desde un 27% a un 24%, medida que ya había sido considerada durante la administración del expresidente Gabriel Boric como una herramienta para impulsar la inversión y la competitividad del país.
Respecto de los mecanismos de compensación contemplados en el proyecto, uno de los elementos más relevantes es la modificación a la normativa sobre herencias y donaciones. A diferencia de los impuestos sustitutivos implementados en el pasado, esta medida podría generar una recaudación significativa, dado que aborda un ámbito que históricamente no había sido objeto de una política específica de regularización y que presenta un alto potencial desde la perspectiva de la planificación y transferencia patrimonial.
Asimismo, las rebajas tributarias propuestas, aunque graduales, podrían generar efectos positivos sobre la inversión privada. Este impacto se vería reforzado por otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como las medidas de simplificación regulatoria, la reducción de la denominada «permisología», los incentivos para nuevos proyectos de inversión y los mecanismos de repatriación de capitales, tanto mediante el ingreso efectivo de recursos al país con una tasa preferencial del 7%, como a través del reconocimiento de deudas asociadas a activos mantenidos en el extranjero.
Estas compensaciones al actuar en conjunto van a significar que se efectúe un mayor desarrollo empresarial y eso traerá beneficios en la recaudación, tanto en el IVA como en el Impuesto Único de Segunda Categoría asociado al empleo.
Particularmente relevante resulta el sector inmobiliario, donde los incentivos propuestos podrían contribuir a absorber el stock existente y reactivar nuevos proyectos. Esto no solo tendría efectos sobre el empleo y el consumo, sino también sobre la recaudación proveniente del IVA, del Impuesto Único de Segunda Categoría y de los Impuestos de Timbres y Estampillas asociados al financiamiento de nuevos desarrollos.
A ello se suma la expectativa de una reducción gradual de los niveles de informalidad económica, fenómeno que ha alcanzado niveles preocupantes en los últimos años. La incorporación de actividades actualmente informales al sistema formal podría traducirse en una ampliación de la base tributaria y, por ende, en mayores ingresos fiscales permanentes.
Por esta razón, resulta discutible concluir que las compensaciones contempladas en el proyecto son insuficientes antes de observar sus efectos económicos. Exigir nuevas medidas compensatorias podría terminar neutralizando el objetivo principal de la reforma: generar mayores niveles de inversión, crecimiento y empleo.
Asimismo, la experiencia internacional ofrece ejemplos relevantes. El caso de Irlanda es frecuentemente citado como una referencia de cómo una política tributaria orientada a fomentar la inversión puede contribuir al desarrollo económico de largo plazo. Mediante una reducción significativa de la tributación corporativa, el país logró atraer inversión extranjera, aumentar su productividad y multiplicar su nivel de actividad económica, ejemplo que podría perfectamente replicarse en Chile.