En el Ejecutivo buscan anticiparse a los bordes que buscará fijar el Consejo durante el debate legislativo, y se han sumado el combate al contrabando de cigarrillos y la gestión de cobros del CAE.
Para varios actores no pasó inadvertido el mensaje que entregó la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, sobre el impacto en las finanzas públicas que tendrán en el plan de «reconstrucción nacional» que anunciará hoy el Gobierno.
«Estamos en una situación de desequilibrio. Por ello es importante que cualquier propuesta que incluya baja de impuestos se evalúe rigurosamente en el marco de la sostenibilidad fiscal y en coherencia con las metas que se definan de balance estructural y ancla de deuda», señaló la titular del CFA la semana pasada en la comisión de Hacienda del Senado. En esa instancia también estaba presente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien escuchó atentamente las palabras de Paula Benavides, a su lado.
En el Gobierno y el oficialismo tomaron nota y dan por descontado que el Consejo Fiscal será un actor clave en la fijación de los bordes fiscales del debate tributario de la propuesta, así como las medidas para compensar la pérdida de recaudación estatal por la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%. Se estima que ese solo cambio tendrá un costo superior a los US$1.500 millones. A ello se añaden otras mermas por la eliminación del impuesto a las ganancias de capital. Siguiendo las conclusiones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (Comisión Marfán), en el largo plazo estas modificaciones no alcanzarían a ser compensadas solo por el mayor crecimiento económico que se generaría.
Comparencia del Consejo
Como parte del debate que viene, se anticipa que el CFA será citado a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado a exponer sus observaciones y recomendaciones respecto del impacto fiscal de la iniciativa.
Ante la señal que ya dio Benavides, y tal como fue el rol relevante que jugó el Consejo en la última etapa de la tramitación de la reforma previsional en el Senado, se asume que el organismo revisará en detalle los números del informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y las compensaciones por la merma en ingresos fiscales que traerán las rebajas. Esto podría presionar a realizar modificaciones adicionales en los mecanismos compensatorios para no ampliar las cifras de déficit fiscal (ver B 2).
Anticipándose a este escenario, en el Ejecutivo, hasta última hora, han seguido afinando el diseño de la reforma tributaria del proyecto misceláneo.
Entre las medidas compensatorias que se han conocido figuran la repatriación de capitales, la mayor recaudación por la rebaja temporal del impuesto a las herencias, los recortes de gasto y el mayor crecimiento de las actividades.
Adicional a ello, en los últimos días se han incorporado propuestas de carácter más permanente, como una gestión más intensiva para fiscalizar el contrabando de cigarrillos y reducir su evasión. Se estima que este flagelo genera un perjuicio en cerca de US$ 500 millones anuales para el fisco.
En el Ejecutivo buscan anticiparse a los bordes que buscará fijar el Consejo durante el debate legislativo, y se han sumado el combate al contrabando de cigarrillos y la gestión de cobros del CAE.
La semana pasada, la presidenta del CFA, Paula Benavides, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, coincidieron en comisión del Senado.
También destacan las acciones de cobros por la morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE). Hacienda ha enfatizado que, posterior al anuncio del cobro del CAE del pasado 19 de marzo que hizo el ministro Jorge Quiroz, el monto de pago de deudores por día se multiplicó por seis, aun antes de iniciar alguna gestión de cobro por parte de la Tesorería.
El Ministerio ha calculado que, considerando todos los que ganan más de $1 millón mensual, la deuda por cobrar en CAE asciende a US$ 1.600 millones aproximadamente.
Fuentes que están al tanto del diseño de la reforma sostienen que aún podrían sumarse otras ideas para lograr una propuesta equilibrada.
Vergara: “Es difícil cuadrar el mono fiscal ante una baja de impuestos si no hay alguna compensación”
El expresidente del Banco Central e investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, advirtió ayer que “es muy difícil que llegue a ser un buen año económico el 2026. Creo que lo mejor que se puede esperar es que ‘en la segunda mitad del año la economía empiece a repuntar’, con un mejor desempeño en el marco del programa Momento Económico del CEP”.
Sobre las medidas de ajuste fiscal y de rebaja de impuestos que presentará hoy el Gobierno, Vergara enfatizó la necesidad de buscar mecanismos de compensación. “Es difícil cuadrar el mono fiscal ante una baja de impuestos si no hay alguna compensación. (…) Las bajas fiscales tienen efecto inmediato, y los efectos positivos de esas bajas de impuestos sobre el crecimiento y sobre la recaudación son más lentos”, señaló.
Los otros mecanismos
El economista senior de la U. Diego Portales, Juan Ortiz, comenta que las medidas paliativas para “minimizar el efecto fiscal de una reducción del impuesto de primera categoría y la eliminación a la tributación de las ganancias de capital es una condición necesaria para darle viabilidad política al proyecto, considerando la debilidad que arrastra en las finanzas públicas”.
En esa línea, Ortiz plantea la revisión de exenciones: “Todo lo relacionado con la renta presunta es un elemento que se debe evaluar y puede ser un elemento clave dentro de esta modificación normativa, considerando que hay espacio para modificar eso”.
Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, ve una discusión más difícil. «Es complejo generar compensaciones, porque el objetivo de esto es tener un impacto en la economía, que gatille una respuesta de las empresas hacia una mayor inversión. Generar compensaciones como una rebaja en esto y un aumento en esto otros puede ser parte proceso de negociación. Pero el mensaje del ministro Quiroz no permite entenderlo así, advierte.