Por Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores.
El debate sobre la rebaja de la tasa del Impuesto de Primera Categoría y la eventual reintegración del sistema tributario no es nuevo. De hecho, gran parte de esta discusión ya fue abordada por la Comisión Marfán, cuyas conclusiones advirtieron que los sucesivos aumentos de la carga tributaria corporativa tuvieron efectos económicos que terminaron afectando el crecimiento y, en consecuencia, la recaudación esperada por el Estado.
Uno de los hallazgos más relevantes de dicha comisión fue que el incremento de la tasa del impuesto corporativo produjo un efecto económico menor al esperado en términos de recaudación, debido al impacto que tuvo sobre la inversión y el crecimiento. Según sus estimaciones, Chile habría dejado de crecer cerca de un 8% del PIB como consecuencia de decisiones tributarias que encarecieron la inversión y redujeron los incentivos al desarrollo empresarial.
No resulta casual, entonces, que los últimos proyectos de reforma tributaria impulsados durante la administración del ex Presidente Gabriel Boric contemplaran una tasa corporativa de 25%, e incluso incentivos que permitían reducirla en un punto adicional cuando las empresas desarrollaban proyectos de inversión. Ello demuestra que existe un amplio consenso técnico respecto de la necesidad de fortalecer la competitividad tributaria de Chile.
La principal diferencia con la propuesta actual radica en la reintegración del sistema tributario. Sin embargo, es importante comprender quién soporta realmente la carga de los impuestos finales. Durante años se instaló la idea de que una mayor tributación afectaría principalmente a los grandes patrimonios. No obstante, gran parte de esos contribuyentes ya regularizaron sus estructuras mediante los distintos regímenes especiales e impuestos sustitutivos implementados por los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric.
En la práctica, quienes terminan absorbiendo una parte importante de estos mayores gravámenes son profesionales, emprendedores y contribuyentes de ingresos medios y altos: médicos, abogados, ingenieros y pequeños empresarios, entre muchos otros. Cuando la carga tributaria total se aproxima a niveles cercanos al 50%, los incentivos económicos comienzan a modificarse.
La evidencia económica internacional muestra que cargas tributarias excesivas sobre los sectores profesionales y productivos pueden afectar la oferta laboral, la productividad y la disposición a asumir nuevos proyectos.
Desde esta perspectiva, una reducción de la tasa corporativa y una eventual reintegración del sistema tributario buscan precisamente mejorar los incentivos a la inversión y aumentar la rentabilidad de nuevos proyectos.
A ello se suma un factor igualmente relevante: la informalidad. Cuando los impuestos son percibidos como excesivos, aumenta el incentivo para operar fuera del sistema formal, postergar inversiones o buscar mecanismos de elusión y evasión. Por el contrario, sistemas tributarios más competitivos suelen ampliar la base de contribuyentes y fortalecer el cumplimiento voluntario.
No es casual que el propio Servicio de Impuestos Internos haya anunciado estudios destinados a medir con mayor precisión los niveles reales de evasión existentes en el país. Si dichos niveles resultaran superiores a los estimados actualmente, una estructura tributaria más eficiente podría transformarse en una herramienta adicional para promover la formalización y mejorar la recaudación.
Durante gran parte de los años 90 y principios de los 2000, cuando las tasas corporativas se mantenían por debajo del 20%, el país experimentó algunos de los períodos de crecimiento más significativos de su historia reciente. Posteriormente, a medida que la carga tributaria fue aumentando hasta alcanzar el 27%, el crecimiento económico comenzó a desacelerarse de manera sostenida. Por lo mismo, resulta legítimo preguntarse por qué seguir insistiendo en una estrategia cuyos resultados han sido, al menos, discutibles durante la última década.