Informe de Finanzas Públicas de Dipres advierte que norma ha rendido menos de lo previsto
A finales del 2024, cuando Mario Marcel era ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, se aprobó la Ley de Cumplimiento Tributario (LT), también conocida como norma antievasión. El debate lo impulsó Marcel luego del rechazo de la reforma tributaria en 2023, siendo esta iniciativa —junto al royalty minero— las únicas propuestas impulsadas de su ambicioso plan original que logró aprobar la administración ante el Congreso.
El objetivo de la LCT fue fortalecer el cumplimiento tributario a través de medidas orientadas a mejorar la fiscalización, reducir la evasión y la elusión, y modernizar la administración tributaria. En términos generales, sus efectos recaudatorios dependen de la capacidad operativa de la administración tributaria y de la respuesta de los contribuyentes.
Con el fin de financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, la meta de ingresos esperados por esta reforma era de 1,5% del PIB en régimen.
Pero hay un cambio, alertó el actual Ministerio de Hacienda: lo que se pensó que la ley antievasión recaudaría ya no se materializará. Esto, según el Gobierno de José Antonio Kast, un nuevo “error” de proyecciones fiscales de la administración pasada.
Dónde está el problema
En el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, la Dirección de Presupuestos (Dipres) advirtió que la información disponible para 2024 y 2025 sugiere que la materialización de los efectos recaudatorios asociados a la LCT ha sido más gradual y de menor magnitud que lo considerado en el informe financiero que acompañó al proyecto de ley.
El equipo de Jorge Quiroz, hoy en Hacienda, recuerda en el IFP que durante el debate legislativo de la LCT se hizo ver que la evidencia internacional y un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) advertían que las normativas que reducen la evasión tienen impactos graduales y requieren meses de prueba.
El Ministerio de Hacienda señaló que no se observa, hasta la fecha, un aumento en la recaudación del impuesto a la renta en grupos empresariales en línea con las estimaciones originales; la recaudación del IVA muestra aumentos en componentes puntuales considerados en la ley, sin evidencia de incrementos sostenidos asociados a la ampliación de la base imponible; y las medidas transitorias como la repatriación de capitales registraron una recaudación inferior a la proyectada y con desfases en su concreción.
El gráfico revela que el uso 2022 como año base para la estimación de los efectos de la reforma coincide con un nivel “anormalmente alto” de recaudación asociado a la ley de Cumplimiento Tributario, “para resguardar la trayectoria de las proyecciones fiscales”. Se redujo la magnitud de los efectos recaudatorios en régimen desde 1,5% a 0,5% del PIB en régimen, además de retrasar en 3 años la implementación del aumento de 0,5% del PIB en lugar del 0,7% proyectado previamente.
Los incumplimientos fiscales en el ciclo de Boric
La administración de Gabriel Boric registró tres incumplimientos consecutivos de la meta de déficit fiscal anual.
- En el año pasado el desequilibrio entre gastos e ingresos estructurales concluyó en 3,6% del PIB, lo que implica un desvío de 2,5 puntos porcentuales respecto de la meta original y de 2 puntos frente al objetivo que se modificó después. Esto configuró uno de los mayores incumplimientos históricos en los últimos años.
- En el 2025, los ingresos del Gobierno Central restarán 2% del PIB (unos US$ 7.020 millones) menos que lo proyectado. Son superiores en el primer trimestre en 3,5%, muy por debajo del crecimiento esperado.
- En 2024, la meta de déficit fiscal era de 1,9% del PIB y el resultado final fue de 3,3%.
- En el ejercicio 2023 hubo un balance fiscal negativo de 2,7% del PIB. La meta fijada para ese período en el decreto de política fiscal era de 1,2%.
Con estos resultados, el Gobierno tomó como el más débil de los últimos años, para una misma administración, desde que se creó el año 2001 la regla fiscal.
Alertas previas
El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, enfatiza que las alertas sobre una menor recaudación de la LCT ya habían sido expuestas. Incluso que los recursos de esta ley “son la principal fuente de financiamiento de la reforma de pensiones, que progresivamente pondría una presión a las finanzas públicas”, influyendo en una mayor emisión de deuda.
“Diversos economistas dudaban que la estimación era demasiado abultada y, por lo tanto, el presupuesto que se estaba diseñando en base a esa estimación iba a generar problemas futuros”, señala Javier Jaque, socio de CCL Auditores Consultores.
El juicio de Pablo Correa, ex director de Estudios de la Dipres y actual economista de las nuevas proyecciones de ingresos que proyecta el Gobierno, “dependerá del correcto ejercicio por parte del SII de las nuevas facultades de fiscalización que le entregó la ley en materia de grupos empresariales, operaciones internacionales y combate a la informalidad y la evasión tributaria”.
Efecto en cadena
El ajuste en las metas de recaudación de la LCT no solo cerrará más las finanzas públicas. También podría tener consecuencias en la implementación de la reforma previsional que aprobó la administración Boric.
Esa iniciativa partió con un aumento del 1% de la cotización en agosto de 2025 y se estableció que en un plazo de nueve años se complete el alza total contemplada de siete puntos para el aporte del empleador.
Por sugerencia del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), se estableció una cláusula para que la gradualidad en el aumento de cotización con cargo al empleador se ajuste automáticamente según la recaudación efectiva de la ley antievasión.
“Marcel desestima denuncia de Quiroz y acusa error de cálculo del nuevo ministro”
El exministro de Hacienda Mario Marcel dijo ayer que, a su juicio, no existe un “error” en los cálculos presentados por Nicolás Grau, sucesor inmediato en la administración de Gabriel Boric, relativos a la proyección de deuda pública entre 2026 y 2030. El actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó que hay yerros en la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre, que Hacienda cargó al equipo que lideraba Grau en el Ejecutivo.
En entrevista con radio Bio-Bío, Marcel afirmó que “las declaraciones del actual ministro Quiroz se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual”.
En esa línea, expresó que “el supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo era ministro”. Marcel dejó el Ejecutivo de Gabriel Boric en agosto de 2025.
También ayer el alcalde Nicolás Grau descartó que exista evidencia de un error de cálculo y planteó que, antes de instalar una conclusión de este tipo, los equipos técnicos de la administración anterior y de la actual deberían sentarse a revisar los números.
“Se podría llamar a los equipos de Dipres de la administración anterior, juntarse con los equipos actuales y ver si comparten esos supuestos”, dijo Grau en T13 Radio.
Mario Marcel, exministro de Hacienda, comparó esos elementos y sostuvo que “no corresponde concluir automáticamente que hubo un error solo porque el aumento del déficit proyectado no se tradujo año a año en mayor deuda. Lo que no se puede hacer, justamente por la experiencia de 2025 y de cualquier año hacia atrás, es decir que porque un déficit no se expresa uno a uno en la deuda futura, eso significa que hay un error de cálculo”, indicó.