Por Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores.
El último tiempo se ha intensificado el debate sobre la efectividad de reducir los impuestos a las grandes empresas. Para algunos, se trata de un beneficio directo al empresariado que debilita la recaudación fiscal sin generar valor real. Para otros, en cambio, es una herramienta necesaria para reactivar una economía que ha mostrado tasas de crecimiento por debajo de su potencial histórico y del promedio regional.
Un referente en esta discusión es el caso de Irlanda, reconocido como un ejemplo de transformación económica. A través de una política de atracción de inversión extranjera —con un impuesto corporativo del 12,5%— el país logró transitar desde el subdesarrollo hacia un crecimiento sostenido. Si bien en Chile no se propone una reducción de esa magnitud, la disminución del impuesto de primera categoría al 23% sí constituye una señal relevante. Como ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una rebaja debe ser significativa para generar efectos concretos, ya que ajustes marginales difícilmente inciden en las decisiones de inversión.
Además, hay que recordar que el expresidente Boric en sus últimas dos propuestas de reformas tributarias consideraba una baja del impuesto al 24%, entonces resulta sorprendente la sobre reacción que se ha tenido frente a la baja que se propone ahora en el impuesto de primera categoría, cuando el expresidente había planteado una baja al 24%. En ese contexto, cabe preguntarse si esta reacción responde a fundamentos técnicos o más bien a diferencias ideológicas.
Asimismo, es importante recordar las conclusiones de la Comisión Marfán, convocada con economistas de diversos sectores —entre ellos Manuel Marfán, José De Gregorio, Rodrigo Vergara, Ignacio Briones y Andrea Repetto—. Este grupo identificó el aumento sostenido de la carga tributaria como uno de los factores que explican el menor dinamismo económico de los últimos años. En particular, se estimó que el incremento del impuesto corporativo desde un 20% a un 27%, tras las reformas de los gobiernos de Piñera y Bachelet, habría incidido en una menor expansión del PIB, cercana a un 8%.
Desde esta perspectiva, el análisis se vincula también con la llamada curva de Laffer, que plantea que incrementos excesivos en la carga tributaria pueden terminar reduciendo la recaudación al desincentivar la inversión y la actividad económica. Aunque en su momento se sostuvo que Chile no había alcanzado ese punto crítico, la evidencia levantada por la Comisión Marfán sugiere que el efecto sobre el crecimiento sí fue significativo.
Finalmente, es relevante incorporar un elemento adicional al análisis: si bien Chile suele compararse favorablemente con el promedio de la OCDE en términos de impuestos corporativos, esta mirada cambia al considerar el efecto conjunto de las cotizaciones previsionales y otras cargas derivadas de reformas recientes. Diversos informes advierten que, bajo esta perspectiva más amplia, el país podría situarse por sobre la media de la OCDE, lo que refuerza la necesidad de evaluar la competitividad del sistema tributario en su conjunto.
En consecuencia, la propuesta de reducir el impuesto corporativo al 23% no aparece como una medida aislada, sino como una continuación de diagnósticos previos y de propuestas que han sido consideradas transversalmente en los últimos años. Tras un período prolongado con una tasa del 27% y resultados de crecimiento por debajo del promedio latinoamericano, resulta razonable explorar alternativas distintas que permitan dinamizar la economía, inversión y un mayor crecimiento.